Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid (datos del 2022) hay 4.500 viviendas okupadas, supone 1.5 viviendas ocupadas por cada 1.000 en la región.
Cataluña es la comunidad que presenta las peores cifras de denuncias por okupación, 17 denuncias por cada 10.000 viviendas (datos hasta septiembre del 2021).
Las denuncias han aumentado desde la pandemia, las desigualdades sociales han aumentado teniendo una implicación directa a las cifras de ocupación ilegal.
El Código Penal recoge las siguientes penas, dependiendo de la naturaleza de la ocupación:
Penas por usurpación de la vivienda se considera delito leve sin pena de prisión
Penas por allanamiento de morada se puede penar hasta cuatro años de cárcel.
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